GACETILLA DE PRENSA DEL PROYECTO VÍCTIMAS |
Son más de 60.000 mil las personas afectadas
El “CELTYV” presenta el Proyecto que denuncia las miles de víctimas del terrorismo no reconocidas que se sucedieron en las décadas del 70 y 80
Buenos Aires, Agosto de 2011.- El PROYECTO VÍCTIMAS se originó en el año 2008, como una iniciativa de la Asociación Civil CELTYV – Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. El objetivo era identificar y defender los derechos de las miles de víctimas del terrorismo que nunca fueron reconocidas, así como sus nombres, historias de vida, los daños que han sufrido y las organizaciones responsables de estos ataques.
El resultado de esta investigación, que hoy se está presentando, demuestra que son alrededor de 60.000 las personas afectadas, de las cuales 18.331 son víctimas directas que sufrieron desde pérdidas de sus bienes, agresiones, lesiones físicas o presiones psíquicas de diverso tenor, llegando hasta el fallecimiento. El número crece exponencialmente al incorporar el grupo familiar de la víctima directa, que también se ve afectado y victimizado, según el estándar internacional. Todas estas víctimas han sido excluidas de las políticas gubernamentales en los últimos 28 años de democracia.
Concretamente, y luego de 3 años de profunda investigación, hoy se puede saber que del total de víctimas directas:
• 11512 civiles y no combatientes inocentes fueron afectados
• 4513 son las empresas privadas que han sido damnificadas
• 2306 fueron oficinas estatales
Si clasificamos por daño sufrido, llegamos a la siguiente información:
• 1355 son los muertos que hasta hoy se conocen con nombre y apellido
• 2735 son los heridos
• 842 los secuestrados
• Hubo 600 copamientos
• 1303 personas fueron privadas ilegítimamente de su libertad
• 5120 sufrieron ataques con bombas
• 2285 víctimas sufrieron robos
• 3840 los que padecieron atentados sin explosivos
• 245 fueron extorsionados, amenazados y con daño colateral.
Son 18331 las víctimas físicas y jurídicas directas que ha dejado el terrorismo en nuestro país y que aun no han sido reconocidas por el Estado.
El Proyecto consta de dos etapas: la primera es la que responde a los datos que hoy se presentan y que demuestra que el Estado desconoce y niega la existencia de estas personas afectadas, de sus derechos o el de sus familiares a peticionar por su reconocimiento. En una segunda etapa, se requerirá la participación del Estado Nacional para verificar la información que se incluye en el proyecto.
La CONADEP, creada por el ex presidente Raúl Alfonsín en 1983 para investigar las violaciones a los derechos humanos sucedidos durante el gobierno de facto, sólo recibió denuncias por violaciones de los agentes estatales. Sus conclusiones permitieron otorgarle el goce de los Derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación, exclusivamente a aquellos que habían sufrido crímenes o abusos por parte del Estado; así se generó un caso único de discriminación en el mundo donde se reparó a los perpetradores y se les negó los derechos a sus propias víctimas. Estas circunstancias se agravaron con la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, porque incrementaron el reconocimiento de los derechos únicamente a los autores de los hechos que damnificaron a las víctimas inocentes.
“Pese a un intento de otorgar los mismos derechos para las víctimas del terrorismo, el paso del tiempo movió al olvido la obligación gubernamental de investigar y reparar las violaciones de derechos humanos cometidos por las organizaciones armadas. Por ello, la iniciativa del CELTYV cubre el vacío que dejó el Estado y busca establecer cuántas y quiénes son las víctimas inocentes afectadas”, explica Victoria Villarruel, presidente de CELTYV.
Con el apoyo de voluntarios se investigó material en bibliotecas, hemerotecas, revistas de época, publicaciones y luego se lo cruzó con la información que se difundía en los diarios más importantes de la época (La Nación, Clarín, La Prensa, Crónica. Se analizaron más de 16.000 ediciones de dichos diarios).
El Proyecto requerirá de una etapa posterior para la contrastación de esta información, que deberá ser aportada por el Estado, permitiendo la apertura de los archivos obrantes en organismos oficiales que puedan contar con documentación respecto de los atentados terroristas y sus consecuencias en la población civil inocente y no combatiente.
El PROYECTO VÍCTIMAS demandó tres años de minuciosa investigación; se logró armar el legajo de cada fallecido así como del resto de los afectados para concluir en una base única categorizada como miembros de la población civil y/o no combatiente.
Villarruel aseguró que: “los números reflejan datos duros, inéditos para la gran mayoría y que aspiramos contribuyan a armar la “otra parte de la historia” que ha sido, hasta el momento, desconocida por los gobiernos. Las víctimas inocentes del terrorismo permanecen sin reconocimiento, sin reparación, transformándolos en “personas sin derechos”, “desprotegidos por la ley”, en “desaparecidos sociales”, producto de una falta de justicia.”
Estas víctimas inocentes materializan el bien jurídico que toda legislación doméstica e internacional protege en primera instancia y por sobre todas las cosas. Estas víctimas las vimos reflejadas en los atentados a las torres gemelas de nueva York, en el tren de Atocha en Madrid, en el metro de Londres, en el edificio de la Amia y hace muy poco en Oslo. Todos los gobiernos del mundo acuden en su ayuda, buscan ejercer la justicia con los responsables, las reparan las honran y las cuidan. Sin embargo en la Argentina permanecen sin reparación, ocultadas, y hasta estigmatizadas, a punto tal que se les han rechazado las acciones judiciales intentadas por algunos afectados desde hace 35 años para buscar una reparación y las causas impulsadas por el CELTYV están inmovilizadas en un mar de chicanas jurídicas. Dijo Villarruel:
Finalmente reclamó que “el Estado finalice con la discriminación entre víctimas, y llame a la creación de una comisión por la verdad integrada por personas de probada imparcialidad y se convoque a la memoria pública. Asimismo solicitó la incorporación de todo el arco político, organizaciones civiles, privadas, sindicales, ONG de derechos humanos internacionalmente reconocidas, para que fijen su posición sobre estas víctimas. No hay excusas para continuar negándoles el goce de los derechos humanos a las víctimas inocentes, acrecentando las violaciones a los DDHH realizadas primero por las organizaciones terroristas y luego por el olvido y la indiferencia estatal.
CONTACTOS PARA LOS MEDIOS
María Eugenia González y María Virginia Griego
Tel: 4814-5001
Son entonces, 60000 la vìctimas de los hijos del odio, un nùmero que da cuenta de lo que fue la guerra, un nùmero que todavìa se puede llegar a incrmentar cuando muchos pierdan el miedo a ser perseguidos y se animen a contar su historia verdadera...omentado y publicado por Miguel
www.miguelgeri@yahoo.com.ar
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