Por Guillermo Cherashny
EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL
Los fiscales pedirían en agosto la indagatoria a los Schoklender y Bonafini
ny para el Informador Público
El Gobierno solucionó tardíamente el pago de las quincenas adeudadas a los trabajadores del programa de construcción de viviendas populares “Sueños Compartidos” de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, después de varios piquetes en distintas provincias y municipios. Estos hechos desgastaron al Gobierno Nacional y a la propia Hebe de Bonafini, que mandó a los trabajadores a cobrarle a Schoklender, “que fue el que los choreó”. Los más optimistas en el Gobierno pensarían que, con el pago de los trabajadores, se está comprando un tiempo valioso, porque corre el reloj electoral. Mientras tanto, los funcionarios tendrían prohibido hablar del tema, fingiendo de este modo que el escándalo no existe.
Antes de votar
Pero las moderadas expectativas positivas de la Casa Rosada estarían pendiendo de un hilo. En la primera o segunda semana de agosto, ni bien terminada la feria judicial, los fiscales Raúl Plee y Jorge di Lello terminarían de acumular las pruebas para citar a declaración indagatoria a Pablo y Sergio Schoklender y a Hebe de Bonafini por los delitos de lavado de dinero y fraude simple a la administración pública. Es cierto que el juez federal Norberto Oyarbide es el que decidirá en última instancia si cabe la citación a declaración indagatoria y en qué momento, pero es muy difícil que el magistrado, muy cercano al Gobierno, se niegue a los pedidos de los dos fiscales sin correr el riesgo de que se desate un nuevo escándalo.
De concretarse esta situación, habrá que esperar qué resulta de las tres principales indagatorias. Es decir, si las mismas permiten el procesamiento por los dos delitos requeridos, con lo cual al Gobierno se le adelantan los tiempos de esta crisis, cuando pensaba diferir todo esto para después de las elecciones presidenciales. Ayer el Gobierno ya percibió una muestra del giro que está tomando la causa cuando Sergio Schoklender se presentó en la justicia para jugar su carta fuerte: la responsabilidad de administrar es del consejo de administración que preside Bonafini y su actuación como apoderado fue aprobada por este órgano. Así es que el parricida mal pudo estafar sólo al Estado Nacional, a los trabajadores y a los adjudicatarios de las viviendas de “Sueños Compartidos”. Schoklender se está defendiendo con toda lógica: su única forma de mejorar su posición es hundiendo a Bonafini. Pero el problema -para el Gobierno- es que el desmoronamiento del máximo ícono de los derechos humanos conduciría también a que emerjan las responsabilidades en la línea que va desde Julio De Vido hasta el Subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.
La complicación judicial de Bonafini es un trago amargo al que se suma el durísimo golpe que recibió Estela de Carlotto. La presidente de las Abuelas es una de las principales derrotadas por el resultado negativo de la compulsa de las muestras de ADN de los hermanos Noble Herrera con las del Banco Nacional de Datos Genéticos. No son hijos de desaparecidos, demostrándose así que esta persecución fue utilizada por CFK y NCK porque no les gustaba la línea editorial del multimedios. Queda claro también que la política de derechos humanos fue bastardeada para ser utilizada con fines políticos menores y que nunca estuvo dirigida a descubrir la verdad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario