¿Quien no fue "Procesista"?
¿Quién no fue "procesista"?
En las primeras semanas de 1976, la guerra civil dominaba la escena y el gobierno de María Estela Martínez de Perón era impotente. Ni el oficialismo quería seguir haciéndose cargo de una situación inmanejable ni la oposición quería reemplazarla. Todos tenían los ojos puestos en las Fuerzas Armadas, para que solucionasen de oficio lo que la dirigencia política no sabía ni podía ni quería resolver.
El 27 de febrero, el comité nacional de la UCR publicó esta declaración: "El país vive una grave emergencia nacional... ante la evidente ineptitud del Poder Ejecutivo para gobernar... Toda la Nación percibe y presiente que se aproxima la definición de un proceso que por su hondura, vastedad e incomprensible dilación, alcanza su límite" (1). Desde meses antes, "el general Viola mantenía conversaciones con Balbín y Antonio Tróccoli. Juan Carlos Pugliese, futuro ministro de Alfonsín, defendía en 1975 la actuación del general Menéndez en Córdoba" (2). Renombrados dirigentes de la oposición y del propio oficialismo confabulaban en reuniones con militares y "hasta sindicalistas como Casildo Herreras iban a verlo a Videla para decirle que, aunque en público no podían declararlo, también ellos consideraban que el gobierno era un desastre, que eran sus amigos y que deberían tenerlos en cuenta después del golpe si finalmente lo llevaban a cabo... Lorenzo Miguel, por su parte, visitaba al almirante Massera... Hasta el veterano dirigente radical Ricardo Balbín celebró una reunión secreta con Videla en una casa neutral. Allí... (Balbín) le espetó sin rodeos: "General, ¿van a dar el golpe?... Si van a hacer lo que yo pienso, háganlo lo antes posible; evítenle al país esta lenta agonía. Yo, como político, no voy a aplaudirlo, pero tampoco pondré piedras en el camino" (3).
El terrorismo sacaba provecho del desbarajuste institucional. Cometía salvajes asesinatos, mientras la clase política, para no contrariar la opinión popular, proclamaba desembozadamente la necesidad de orden y alababa sin cortapisas a las FF.AA.. Hasta el Partido Comunista, el 12 de marzo, "reiteró su propuesta de formación de un gabinete cívico-militar" (4).
Los días previos al 24 de marzo, los terroristas asesinaron a personalidades de muy alta envergadura, entre ellos el empresario Héctor Minetti, el coronel Héctor Reyes, el sindicalista Adalberto Giménez y, el 15 de marzo, en espectacular atentado explosivo en la playa del edificio Libertador, muere Blas García y resultan heridos 23 personas. "Verbitsky (Horacio) fue acusado de ser el conductor de ese atentado, durante el proceso promovido por el fiscal Juan Martín Romero Victorica en 1992." (5).
Los legisladores reconocían el caos y ratificaban su incapacidad de enfrentar la crisis. El presidente de la Cámara de Diputados, Sánchez Toranzo, afirmaba: "Doloroso es el precio que pagan los hombres de armas en el cumplimiento de los deberes que la hora les impuso. Que este sacrificio no sea en vano por la renuencia de la civilidad"; la entonces diputada Nilda Garré (hoy ministra de Defensa) denunciaba: "Las cotidianas desapariciones... y tantos otros hechos similares vienen formando un siniestro rosario de crímenes miserables que se suceden sin que un solo culpable sea identificado". El senador radical Eduardo Angeloz arengaba: "Alguien tiene que dar la orden... alguien tiene que decir basta de sangre en la República Argentina". Pero la expresión más clara de lo que la clase política podía dar fue del diputado Molinari: "¿Qué podemos hacer? Yo no tengo ninguna clase de respuesta".
El líder máximo de la UCR, Ricardo Balbín, 48 horas antes del 24 de marzo, afirmó: "Hay soluciones, pero yo no las tengo". Ello no hizo más que verbalizar lo que se venía haciendo detrás de las cortinas: instigar a las FF.AA. a tomar la iniciativa.
Respecto de la guerra antisubversiva, suele argumentarse que la solución podía venir no ya por un "golpe", sino a través de una "salida política", tanto sea a partir de un juicio político o de nuevas elecciones. Pero las posibilidades de "juicio político" se hallaban totalmente obstaculizadas (el PJ, que tenía mayoría parlamentaria, no quería "derrocar" abiertamente a la viuda de Perón) y, además, el hecho de pensar en que otro gobierno de jure iba a solucionar el caos terrorista e institucional no dejaba de ser una noble pero ingenua expresión de deseos, desmentida por la experiencia. Ya habían pasado ininterrumpidamente cinco presidentes de jure (Cámpora, Lastiri, Perón, "Isabelita" y, tras su "licencia", Luder), sin que ninguno pudiera efectuar una sola condena a ningún guerrillero (por el contrario, fueron amnistiados en mayo de 1973).
Otro mito de la propaganda oficial es mencionar la cercanía entre la intervención cívico-militar y las elecciones (ante el caos, se había adelantado la fecha en que debían sustanciarse, fijándose el mes de octubre de ese año). Cabe preguntarse: ¿quiénes eran los candidatos presidenciales del PJ, la UCR y el resto de las fuerzas? ¿Quiénes estaban en campaña? ¿A quiénes beneficiaban las encuestas? ¿Estaba confeccionado el padrón electoral? En efecto, no había candidatos ni campaña ni clima electoral, porque nadie quería ir a elecciones y todos, activa o pasivamente, esperaban ansiosos que las FF.AA. reemplazaran de una vez al gobierno decadente. Como si la guerra civil y el desgobierno fueran poco, los números económicos se desplomaban y la hiperinflación (según informe de FIEL) arrojaba una proyección anual del 17.000% para 1976.
Los días previos al 24 de marzo, las declaraciones de personalidades y las notas de los diarios reflejaban el clima de terror y el desgarrador pedido de cambio de gobierno. "La Opinión" publicaba: "Un muerto cada cinco horas, una bomba cada tres" (19/03/76). El 20, el mismo diario informaba: "Prácticamente un 90% de los argentinos habla hoy de la proximidad de un golpe de estado". Ese día, el dirigente justicialista Jorge Antonio manifestaba: "Si las FF.AA. vienen para poner orden y estabilidad, bienvenidas sean". Francisco Manrique, presidente del Partido Federal (por entonces la tercera fuerza electoral), afirmó: "Estamos asistiendo al sepelio de un gobierno muerto, al desalojo de una pandilla" (6).
El 21 de marzo, "Clarín" informaba: "Los legisladores que asistieron al Parlamento se dedicaron a retirar sus pertenencias y algunos solicitaron un adelanto de sus dietas"; el mismo día, "La Prensa": "Hubo 1.358 muertos desde 1973 por acciones terroristas". Al día siguiente (22 de marzo), el senador Fernando de la Rúa arremetió: "Es increíble que la presidente, que proclama su afición a los látigos, ni siquiera desmienta que su ex ministro y principal consejero, López Rega, siga alojado en su quinta madrileña, convertida en aguantadero de un prófugo de la justicia" (7). El 23, "La Opinión" titulaba: "Una Argentina inerme ante la matanza", y agregaba: "Desde el comienzo de marzo hasta ayer, las bandas extremistas asesinaron a 56 personas"; esa fecha, "La Razón" redundaba: "Es inminente el final. Todo está dicho".
Llega el 24 de marzo. Ante tal desconcierto, la Junta de Comandantes, acompañada y respaldada por toda la ciudadanía y los partidos políticos (incluyendo al PC), debió hacerse cargo de la conducción del país en medio de la guerra civil desatada por las bandas terroristas. Sin disparar una sola bala, las nuevas autoridades sustituyeron pacíficamente a "Isabelita". La consigna no era destruir las instituciones, sino conservarlas; no se pretendía quebrar el "estado de derecho" (como si hubiese uno), sino recomponer el "estado de deshecho".
El flamante gobierno obtuvo el beneplácito de todos los partidos políticos (que hoy desesperadamente se despegan de su "procesismo" de otrora). De las 1.697 intendencias vigentes en la gestión de Videla, solo el 10% eran comandadas por miembros de las FR.AA.; el 90% restante, por civiles repartidos del siguiente modo: el 38% de los intendentes eran personalidades ajenas al ámbito castrense, de reconocida trayectoria en sus respectivas comunas, y el 52% de los municipios era comandado por los partidos tradicionales en el siguiente orden: "La UCR, con 310 intendentes en el país, secundada por el PJ (partido presuntamente "derrocado"), con 192 intendentes; en tercer lugar se encontraban los demoprogresistas con 109, el MID con 94, Fuerza Federalista Popular con 78, los democristianos con 16 y el izquierdista Partido Intransigente con 4" (8). La habilidad de los partidos políticos y sofistas coyunturales en hacerse los distraídos con respecto a las responsabilidades y cargos ocupados en el gobierno de facto ha provocado que las nuevas generaciones crean que el gobierno del Proceso cayó de un meteorito y se instaló mágicamente en el poder "contrariando la voz del pueblo".
Tanto la prensa internacional como los diarios más relevantes de la época apoyaban con fervor a las nuevas autoridades. Los siete jueces que en 1985 juzgaron a los comandantes fueron funcionarios judiciales del Proceso, y el fiscal de aquel polémico juicio, el Dr. Julio Strassera, fue nombrado fiscal y luego juez, precisamente, por Videla. No se conoce ninguna denuncia por "violaciones a los derechos humanos" efectuada por estos hombres del derecho durante su desempeño como funcionarios de la "dictadura genocida". El redactor del libro Nunca Más y presidente de la Conadep, Ernesto Sábato, almorzaba distendidamente con Videla, lo adulaba en público, apoyó el Mundial 78 y respaldó la guerra de Malvinas.
En la población, el consenso sobre el Proceso no fue fugaz. Duró varios años. A pesar de la personalidad fría y poco carismática de Videla, al jugarse el Mundial de Fútbol en 1978, éste acudió a las canchas en seis cotejos, en los cuales fue ovacionado por la multitud. Cuando la selección nacional se alzó con el título, miles de ciudadanos fueron a festejar, no al Obelisco, sino a la puerta de la Casa de Gobierno, y Videla debió salir al balcón a saludar a la multitud que lo aclamaba. Solo al comenzar la década del 80, y ante un plan económico que comenzaba a mostrar sus fallas, el malhumor social empezaba a vislumbrarse, pero no por las supuestas "violaciones a los derechos humanos" acaecidas en la guerra antisubversiva.
En las primeras semanas de 1976, la guerra civil dominaba la escena y el gobierno de María Estela Martínez de Perón era impotente. Ni el oficialismo quería seguir haciéndose cargo de una situación inmanejable ni la oposición quería reemplazarla. Todos tenían los ojos puestos en las Fuerzas Armadas, para que solucionasen de oficio lo que la dirigencia política no sabía ni podía ni quería resolver.
El 27 de febrero, el comité nacional de la UCR publicó esta declaración: "El país vive una grave emergencia nacional... ante la evidente ineptitud del Poder Ejecutivo para gobernar... Toda la Nación percibe y presiente que se aproxima la definición de un proceso que por su hondura, vastedad e incomprensible dilación, alcanza su límite" (1). Desde meses antes, "el general Viola mantenía conversaciones con Balbín y Antonio Tróccoli. Juan Carlos Pugliese, futuro ministro de Alfonsín, defendía en 1975 la actuación del general Menéndez en Córdoba" (2). Renombrados dirigentes de la oposición y del propio oficialismo confabulaban en reuniones con militares y "hasta sindicalistas como Casildo Herreras iban a verlo a Videla para decirle que, aunque en público no podían declararlo, también ellos consideraban que el gobierno era un desastre, que eran sus amigos y que deberían tenerlos en cuenta después del golpe si finalmente lo llevaban a cabo... Lorenzo Miguel, por su parte, visitaba al almirante Massera... Hasta el veterano dirigente radical Ricardo Balbín celebró una reunión secreta con Videla en una casa neutral. Allí... (Balbín) le espetó sin rodeos: "General, ¿van a dar el golpe?... Si van a hacer lo que yo pienso, háganlo lo antes posible; evítenle al país esta lenta agonía. Yo, como político, no voy a aplaudirlo, pero tampoco pondré piedras en el camino" (3).
El terrorismo sacaba provecho del desbarajuste institucional. Cometía salvajes asesinatos, mientras la clase política, para no contrariar la opinión popular, proclamaba desembozadamente la necesidad de orden y alababa sin cortapisas a las FF.AA.. Hasta el Partido Comunista, el 12 de marzo, "reiteró su propuesta de formación de un gabinete cívico-militar" (4).
Los días previos al 24 de marzo, los terroristas asesinaron a personalidades de muy alta envergadura, entre ellos el empresario Héctor Minetti, el coronel Héctor Reyes, el sindicalista Adalberto Giménez y, el 15 de marzo, en espectacular atentado explosivo en la playa del edificio Libertador, muere Blas García y resultan heridos 23 personas. "Verbitsky (Horacio) fue acusado de ser el conductor de ese atentado, durante el proceso promovido por el fiscal Juan Martín Romero Victorica en 1992." (5).
Los legisladores reconocían el caos y ratificaban su incapacidad de enfrentar la crisis. El presidente de la Cámara de Diputados, Sánchez Toranzo, afirmaba: "Doloroso es el precio que pagan los hombres de armas en el cumplimiento de los deberes que la hora les impuso. Que este sacrificio no sea en vano por la renuencia de la civilidad"; la entonces diputada Nilda Garré (hoy ministra de Defensa) denunciaba: "Las cotidianas desapariciones... y tantos otros hechos similares vienen formando un siniestro rosario de crímenes miserables que se suceden sin que un solo culpable sea identificado". El senador radical Eduardo Angeloz arengaba: "Alguien tiene que dar la orden... alguien tiene que decir basta de sangre en la República Argentina". Pero la expresión más clara de lo que la clase política podía dar fue del diputado Molinari: "¿Qué podemos hacer? Yo no tengo ninguna clase de respuesta".
El líder máximo de la UCR, Ricardo Balbín, 48 horas antes del 24 de marzo, afirmó: "Hay soluciones, pero yo no las tengo". Ello no hizo más que verbalizar lo que se venía haciendo detrás de las cortinas: instigar a las FF.AA. a tomar la iniciativa.
Respecto de la guerra antisubversiva, suele argumentarse que la solución podía venir no ya por un "golpe", sino a través de una "salida política", tanto sea a partir de un juicio político o de nuevas elecciones. Pero las posibilidades de "juicio político" se hallaban totalmente obstaculizadas (el PJ, que tenía mayoría parlamentaria, no quería "derrocar" abiertamente a la viuda de Perón) y, además, el hecho de pensar en que otro gobierno de jure iba a solucionar el caos terrorista e institucional no dejaba de ser una noble pero ingenua expresión de deseos, desmentida por la experiencia. Ya habían pasado ininterrumpidamente cinco presidentes de jure (Cámpora, Lastiri, Perón, "Isabelita" y, tras su "licencia", Luder), sin que ninguno pudiera efectuar una sola condena a ningún guerrillero (por el contrario, fueron amnistiados en mayo de 1973).
Otro mito de la propaganda oficial es mencionar la cercanía entre la intervención cívico-militar y las elecciones (ante el caos, se había adelantado la fecha en que debían sustanciarse, fijándose el mes de octubre de ese año). Cabe preguntarse: ¿quiénes eran los candidatos presidenciales del PJ, la UCR y el resto de las fuerzas? ¿Quiénes estaban en campaña? ¿A quiénes beneficiaban las encuestas? ¿Estaba confeccionado el padrón electoral? En efecto, no había candidatos ni campaña ni clima electoral, porque nadie quería ir a elecciones y todos, activa o pasivamente, esperaban ansiosos que las FF.AA. reemplazaran de una vez al gobierno decadente. Como si la guerra civil y el desgobierno fueran poco, los números económicos se desplomaban y la hiperinflación (según informe de FIEL) arrojaba una proyección anual del 17.000% para 1976.
Los días previos al 24 de marzo, las declaraciones de personalidades y las notas de los diarios reflejaban el clima de terror y el desgarrador pedido de cambio de gobierno. "La Opinión" publicaba: "Un muerto cada cinco horas, una bomba cada tres" (19/03/76). El 20, el mismo diario informaba: "Prácticamente un 90% de los argentinos habla hoy de la proximidad de un golpe de estado". Ese día, el dirigente justicialista Jorge Antonio manifestaba: "Si las FF.AA. vienen para poner orden y estabilidad, bienvenidas sean". Francisco Manrique, presidente del Partido Federal (por entonces la tercera fuerza electoral), afirmó: "Estamos asistiendo al sepelio de un gobierno muerto, al desalojo de una pandilla" (6).
El 21 de marzo, "Clarín" informaba: "Los legisladores que asistieron al Parlamento se dedicaron a retirar sus pertenencias y algunos solicitaron un adelanto de sus dietas"; el mismo día, "La Prensa": "Hubo 1.358 muertos desde 1973 por acciones terroristas". Al día siguiente (22 de marzo), el senador Fernando de la Rúa arremetió: "Es increíble que la presidente, que proclama su afición a los látigos, ni siquiera desmienta que su ex ministro y principal consejero, López Rega, siga alojado en su quinta madrileña, convertida en aguantadero de un prófugo de la justicia" (7). El 23, "La Opinión" titulaba: "Una Argentina inerme ante la matanza", y agregaba: "Desde el comienzo de marzo hasta ayer, las bandas extremistas asesinaron a 56 personas"; esa fecha, "La Razón" redundaba: "Es inminente el final. Todo está dicho".
Llega el 24 de marzo. Ante tal desconcierto, la Junta de Comandantes, acompañada y respaldada por toda la ciudadanía y los partidos políticos (incluyendo al PC), debió hacerse cargo de la conducción del país en medio de la guerra civil desatada por las bandas terroristas. Sin disparar una sola bala, las nuevas autoridades sustituyeron pacíficamente a "Isabelita". La consigna no era destruir las instituciones, sino conservarlas; no se pretendía quebrar el "estado de derecho" (como si hubiese uno), sino recomponer el "estado de deshecho".
El flamante gobierno obtuvo el beneplácito de todos los partidos políticos (que hoy desesperadamente se despegan de su "procesismo" de otrora). De las 1.697 intendencias vigentes en la gestión de Videla, solo el 10% eran comandadas por miembros de las FR.AA.; el 90% restante, por civiles repartidos del siguiente modo: el 38% de los intendentes eran personalidades ajenas al ámbito castrense, de reconocida trayectoria en sus respectivas comunas, y el 52% de los municipios era comandado por los partidos tradicionales en el siguiente orden: "La UCR, con 310 intendentes en el país, secundada por el PJ (partido presuntamente "derrocado"), con 192 intendentes; en tercer lugar se encontraban los demoprogresistas con 109, el MID con 94, Fuerza Federalista Popular con 78, los democristianos con 16 y el izquierdista Partido Intransigente con 4" (8). La habilidad de los partidos políticos y sofistas coyunturales en hacerse los distraídos con respecto a las responsabilidades y cargos ocupados en el gobierno de facto ha provocado que las nuevas generaciones crean que el gobierno del Proceso cayó de un meteorito y se instaló mágicamente en el poder "contrariando la voz del pueblo".
Tanto la prensa internacional como los diarios más relevantes de la época apoyaban con fervor a las nuevas autoridades. Los siete jueces que en 1985 juzgaron a los comandantes fueron funcionarios judiciales del Proceso, y el fiscal de aquel polémico juicio, el Dr. Julio Strassera, fue nombrado fiscal y luego juez, precisamente, por Videla. No se conoce ninguna denuncia por "violaciones a los derechos humanos" efectuada por estos hombres del derecho durante su desempeño como funcionarios de la "dictadura genocida". El redactor del libro Nunca Más y presidente de la Conadep, Ernesto Sábato, almorzaba distendidamente con Videla, lo adulaba en público, apoyó el Mundial 78 y respaldó la guerra de Malvinas.
En la población, el consenso sobre el Proceso no fue fugaz. Duró varios años. A pesar de la personalidad fría y poco carismática de Videla, al jugarse el Mundial de Fútbol en 1978, éste acudió a las canchas en seis cotejos, en los cuales fue ovacionado por la multitud. Cuando la selección nacional se alzó con el título, miles de ciudadanos fueron a festejar, no al Obelisco, sino a la puerta de la Casa de Gobierno, y Videla debió salir al balcón a saludar a la multitud que lo aclamaba. Solo al comenzar la década del 80, y ante un plan económico que comenzaba a mostrar sus fallas, el malhumor social empezaba a vislumbrarse, pero no por las supuestas "violaciones a los derechos humanos" acaecidas en la guerra antisubversiva.
Bahía Blanca • República Argentina
Viernes 24 de Marzo de 2006
Notas
(1) Citado en Responsabilidad Compartida, García Montaño (diario "La Opinión"). (2) Crítica a las Ideas Políticas Argentinas, Juan José Sebreli. (3) De Isabel a Videla, Carlos M. Turolo (4) Ob.- Cit Juan José Sebreli. (5) Verbitsky de La Habana a la Fundación Ford, Carlos Manuel Acuña. (6) Los Increíbles Radicales, M. H. Laprida). (7) Ob. Cit. García Montaño, "La Voz del Interior". (8) diario "La Nación", 25 marzo 1979. (9) Otros datos fueron obtenidos del libro La Subversión, la Historia Olvidada - AUNAR).
Nicolás Márquez es abogado y periodista, autor del libro La Otra Parte de la Verdad (La respuesta a los que han ocultado y deformado la verdad histórica sobre la década del 70 y el terrorismo en Argentina)...La Historia Completa...
Para que sepas la verdadera historia, para que no te cuenten lo que el règimen quiere, esto tambièn pasò...Comentado y publicado por Miguel...
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