Contra las prisiones injustas, cabe la iniciativa popular
“Hay setecientos integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Nación presos por haber combatido contra la guerrilla que hace setenta años intentó mediante el terrorismo tomar el poder para implantar una dictadura socialista.
Presos por haber cumplido las órdenes inicialmente dadas por gobiernos constitucionales y seguidamente por altos mandos militares.
Presos no obstante la ley 23.521 de obediencia debida sancionada por el Congreso y promulgada en 1987 por el Presidente Alfonsín, ley que hace treinta años exculpó de toda responsabilidad por haber participado en la guerra contra el terrorismo, a los integrantes subordinados de dichas fuerzas, oficiales, suboficiales y tropa y a los oficiales superiores que no comandaron ni planearon las operaciones.
Presos por singulares interpretaciones de la Constitución Nacional por parte del Congreso, la Presidenta y la Corte Suprema.
Por parte del Congreso porque en 2003 mediante la ley 25.779 sancionó la anulación de la ley de obediencia debida, sin que en las atribuciones que la Constitución Nacional le asigna en su artículo 75 figure la de anular leyes.
Por parte de la Presidenta Cristina Fernández de Kichner porque promulgó dicha ley aunque el Congreso no tenía la atribución de sancionarla.
Por parte de la Corte Suprema porque en la causa Arancibia Clavel el 24 de agosto de 2004 (Revista Jurídica Argentina La Ley, T. 2004-F p. 296) declaró constitucional la ley de anulación aunque con una mayoría de 4 votos contra 3 votos disidentes.
La mayoría invocó la imprescriptibilidad de las acciones en los delitos de lesa humanidad y la consiguiente carencia de efectos de la ley 23.521 de obediencia debida de 1987 dada su anulación por la ley 25.779 de 2003.
Con su fallo la Corte permitió el procesamiento y prisión de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad y además de funcionarios civiles, de acuerdo a la ley 25.779 de 2003 por hechos ocurridos treinta y tres años antes.
Ello contraría al artículo 18 de de la Constitución según él que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso.
El pronunciamiento de la Corte fue objetado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en su dictamen del 7 de diciembre de 2004.
Posteriores sentencias de la Corte mantuvieron el criterio de la imprescriptibilidad (Espósito del 23 de diciembre de 2004, RJA La Ley T. 2005-B p. 803; Simón del 14 de junio de 2005, RJA La Ley T. 2005-C p. 838).
La Academia volvió a reiterar la objeción en su dictamen del 25 de agosto de 2005.
Así dada una ley de 2003 sancionada por el Congreso y promulgada por la Presidenta, se procesó y apresó a centenares de personas imputadas por hechos ocurridos setenta años antes no sólo por la presunción de haber participado en los mismos sino por la presunción de haberlos conocido y no haberlos denunciado.
Según informaciones periodísticas un soldado conscripto de la clase 58 fué citado en estos días por la comisaría de su domicilio a requerimiento de un Juzgado Federal para que informara si durante su servicio militar -o sea hace casi 40 años- había visto detenidos ilegales, vuelos sospechosos o cosas raras a lo que respondió negativamente.
Respuestas afirmativas hubieran dado lugar al procesamiento de otras personas por la presunción de haber cometido o participado en la comisión de delitos ocurridos hace casi cuarenta años con la consiguiente prisión preventiva inclusive para los ancianos negándoles la permanencia en sus domicilios.
De esta forma se generan macroprocesos penales en los que los procesados y los delitos imputados que se consideran imprescriptibles por ser de lesa humanidad, pueden aumentar indefinidamente con detrimento del derecho de defensa en juicio.
Significativamente no hay procesos penales contra los autores de los delitos de lesa humanidad cometidos para implantar una dictadura socialista.
Todo esto se conjuga con la inseguridad pública fruto de una policía maniatada, un garantismo exacerbado pro la delincuencia común, y una magistratura sujeta a un Consejo integrado de manera inconstitucional.
La Constitución no se cumple ni en los casos arriba indicados ni en otros.
La Constitución no se cumple porque la Cámara de Diputados es la base de la forma representativa de gobierno (CN art.1) pero sus miembros son elegidos por un sistema inadecuado.
Porque es la base de la forma representtiva de gobierno está integrada por representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias (y) la ciudad de Buenos Aires (CN art. 45) y tiene importantísimas atribuciones (CNl arts. 39, 40, 52, 53, 71)
Empero sus miembros son elegidos por el inadecuado sistema de la lista sábana o lista bloqueada que los partidos políticos únicos postuladores de los candidatos a diputados, no modifican.
Un sistema para una mejor representación de la voluntad del pueblo, podría consistir en que:
1)Se eligiera una mitad de los diputados en cada distrito electoral (las provincias y la ciudad de Buenos Aires), dividiéndose el distrito en tantas secciones como diputados a elegir y votándose en cada sección por un diputado.
2) Se eligiera la otra mitad de los diputados sea según el sistema de representación proporcional D´Hondt hoy vigente, o el sistema de lista restringida o incompleta de la ley Saénz Peña de 1912, o el sistema de voto preferencial u otro.
Para lograr una mejor representación de la voluntad del pueblo mediante un sistema mas adecuado de elección de diputados, sea como antes se propuso o de otra manera, la población dispone del régimen de la iniciativa popular previsto en la CN art.39 reglamentado por la ley 24.747.
Según dicho régimen el 1,50% de los empadronados en 6 distritos electorales, puede presentar un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados que el Congreso debe tratar dentro del año.
De acuerdo al padrón del 17 de junio de 2009 para presentar un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados se requieren 287.872 firmas en 6 distritos.
En los 5 mayores distritos, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, el 1,50% de los empadronados asciende a 284.531.
En los 19 restantes distritos o provincias el 1,50% de los empadronados alcanza a 134.413.
Con estos números parece posible lograr las 287.872 firmas y dar entrada ante la Cámara de Diputados, a un proyecto de ley que permita una mejor representación de la voluntad del pueblo.
Esta sería una vía para que dicha Cámara debidamente integrada iniciara proyectos de leyes tendientes a rever la injusta e constitucional prisión impuesta a cientos de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, presos por haber participado en la lucha contra la guerrilla terrorista a raíz de singulares interpretaciones de la Constitución objetadas por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires”.
24 de agosto de 2010
Julio C. Otaegui
Alegato del Almirante Eduardo Emilio Massera.
“No he venido a defenderme” Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo fue una guerra justa. Sin embargo yo estoy aquí procesado porque ganamos esa guerra justa. Si la hubiéramos perdido no estaríamos acá — ni ustedes ni nosotros –, porque hace tiempo que los altos jueces de esta Cámara habrían sido substituidos por turbulentos tribunales del pueblo y una Argentina feroz e irreconocible hubiera substituido a la vieja Patria.
Pero aquí estamos. Porque ganamos la guerra de las armas y perdimos la guerra psicológica. Quizás por deformación profesional estábamos absortos en la lucha armada; y estábamos convencidos de que defendíamos a la Nación y estábamos convencidos y sentíamos que nuestros compatriotas no sólo nos apoyaban. Más aún, nos incitaban a vencer porque iba a ser un triunfo de todos. Ese ensimismamiento nos impidió ver con claridad los excepcionales recursos propagandísticos del enemigo y mientras combatíamos un eficacísimo sistema de persuasión comenzó a arrojar las sombras más siniestras sobre nuestra realidad hasta transformarla, al punto de convertir en agresores a los agredidos, en victimarios a las víctimas, en verdugos a los inocentes.
Y esa guerra psicológica no ha cesado. Lleva más de diez años golpeando la sensibilidad de la gente, ayudada por un extraordinario apoyo de la prensa. Era –y esimposible contestar esos ataques porque, en primer lugar, es muy difícil encontrar los medios dispuestos a jugarse por la verdad cuando la correntada social avanza en sentido contrario; y en segundo lugar, porque no se han tergiversado solamente las palabras se ha tergiversado la convención social que le da a cada palabra un significado aceptable para todos.
Así parecería que la democracia era el terrorismo y los que combatíamos al terrorismo éramos los auténticos terroristas. Así hemos perdido el sentido de la palabra libertad que es un bien en sí mismo, independiente de que alguien intente arrebatárnoslo, y las usinas destinadas a la perversión de las ideas la han suplantado por la palabra “liberación”, que no supone un bien intrínseco, sino un bien coyuntural sujeto que alguien nos esté oprimiendo. Se da entonces por sentado que siempre estamos oprimidos a menos que, claro, estén los liberadores manejando el poder.
Cuando el enemigo se dio cuenta de que empezaba a perder la guerra de las armas montó un espectacular movimiento de amparo, inobjetable, del sagrado tema de los derechos humanos. Yo tenía muy buenas razones informativas para saber que se trataba de una guerra psicológica totalmente desprovista de buenos sentimientos, pero si algo me hubiera faltado para convencerme, aparece una satánica discriminación en los derechos humanos. Nunca, ninguna de las entidades beneméritas ni de las personas notables que alzan su voz por los derechos humanos, ninguna dijo nunca nada sobre las víctimas del terrorismo. ¿Qué pasa con los policías, los militares, los civiles que fueron víctimas -muchas veces indiscriminadas- de la violencia subversiva ?. ¿Tienen menos derechos o son menos humanos ?.
Esta sencilla observación que no hace falta demostrar porque ahí están los hechos, nunca fue objeto de la atención o al menos de la curiosidad de nadie y a esta altura es una especie de valor aceptado por la sociedad que la violación de los derechos humanos estuvo únicamente a cargo de los represores y que las víctimas de esas violaciones son únicamente terroristas de la guerrilla subversiva.
El asombroso silencio que hay en torno de esta monstruosa falsificación es suficientemente indicativo del grado de parcialidad que ostentan desde los dirigentes políticos hasta aquellos que deberían ser -por su investidura- profesionales de la imparcialidad, pasando por los jefes de los grupos de presión, siempre preparados para poner en la calle diez mil o veinte mil irracionales ululantes capaces de convencer a los poderes públicos de que ellos son la historia y ellas ya han dado su veredicto.
No le reprocho al fiscal el estilo con que ha desarrollado la acusación porque después de todo, el estilo es el hombre. Le reprocho sí, sus desagradables ironías sobre nuestros héroes, como en el caso del teniente Mayol.
Alguien me dijo que era intolerable que se jugara al sarcasmo con nuestros muertos. Pero, ¿quiénes son nuestros muertos ?; ¿de quién son los muertos ?. Terminado el fragor de la guerra, todos los muertos son de todos, y nadie tiene derecho a hablar de ellos, sin el respeto que a cualquier hombre moral y civilizado debe inspirarle la dignidad intrínseca de la muerte, aunque más no sea, porque cada muerto es un testimonio tangible de la eternidad.
Pero si no ha habido serenidad para hablar de nuestros muertos, ¿quién sería tan candoroso de esperar un proceso objetivo para los que están vivos?: ¿quién sería tan candoroso de esperar un proceso objetivo en medio de esta presión social?; ¿quién sería tan candoroso de pensar que se está buscando la verdad, cuando mis acusadores son aquellos a quienes vencimos en la guerra de las armas?
Aquí estamos protagonizando todos algo que es casi una travesura histórica: los vencedores son acusados por los vencidos. Y yo me pregunto: ¿En qué bando estaban mis juzgadores? ¿Quiénes son o qué fueron los que tienen hoy mi vida en sus manos?; ¿eran terroristas?; ¿estaban deseando que ganaran los represores?; ¿eran indiferentes y les daba lo mismo la victoria de unos que la de otros?.
Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, en donde si hubo excesos fueron desbordes excepcionales, y el terrorismo subversivo en donde el exceso era la norma. Esto que acabo de decir es el punto central y tanto que la acusación no ha hecho otra cosa que tratar de demostrar que los excesos eran norma en las fuerzas legales. Naturalmente no es cierto. Cualquiera puede imaginar que nadie transforma a los oficiales y suboficiales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en una banda de sorprendentes asesinos que de la noche a la mañana pierden todo reflejo ético.
Pero lo que no hace falta demostrar es que en una organización terrorista, el exceso sí es la norma, simplemente porque el exceso es su razón de ser. Claro que de eso no se habla, parece un simple detalle. Pero ellos, los que ejercieron el exceso como norma, son mis acusadores, son mi simple detalle.
En la obsesión del enemigo por debilitar a las Fuerzas Armadas no ha ahorrado hasta el uso de la infamia menor, tratando de mostrar supuestos agravios y recriminaciones recíprocas entre los que ejercimos el comando de las fuerzas armadas en aquel momento. Los distintos puntos de vista políticos que existieron, se mantuvieron siempre dentro del plano de las ideas y es simplemente ridículo pensar que eso tenía consecuencias en las relaciones institucionales como las personales. A pesar de esas diferencias, nunca se perdió el respeto entre nosotros. No obstante comprendo que a los vencidos les interese difundir esa fábula, con la esperanza de que las fuerzas armadas de hoy se miren entre sí con suspicacia. Dividir para reinar. Pero los que están delatando es, en definitiva, miedo, mucho miedo. Porque el enemigo sabe que las fuerzas armadas de hoy son capaces de derrotarlo como las fuerzas armadas de ayer.
No he venido a defenderme. He venido como siempre a responsabilizarme de todo lo actuado por los hombres de la Armada mientras tuve el incomparable honor de ser su comandante en jefe.También me responsabilizo por los hombres de las fuerzas de seguridad y policiales que durante mi comando actuaron subordinadas a la Armada en la guerra contra la subversión. Quiero decir, además, que me responsabilizo por los errores que pudieran haber cometido.
Pero, si el Tribunal necesita para eximir de responsabilidad a mis subordinados, a todos mis subordinados, que yo deba aceptar además que todas sus actuaciones fueron cumpliendo órdenes precisas que yo debiera haber impartido personalmente y en forma omnipresente lo acepto.
Yo y sólo yo tengo derecho al banquillo de los acusados. Sentar a otros aquí sería como sentar a la Argentina en el banquillo de los acusados, porque en verdad les digo, que la Argentina libró y ganó su guerra contra la disolución nacional. Pido a Dios que el Tribunal no cometa la equivocación de poner al país en estado de proceso, porque esa equivocación equivaldría a haber perdido también la guerra de las armas. Si necesitan acabar con nosotros, háganlo, pero no le arrebaten a la Argentina su única victoria de este siglo.
Mi serenidad de hoy, proviene de tres hechos fundamentales. En primer lugar, me siento responsable pero no me siento culpable, sencillamente porque no soy culpable. En segundo lugar, porque no hay odios en mi corazón. Hace tiempo que he perdonado a mis enemigos de ayer, a mis flamantes enemigos que no han podido substraerse a la compulsión que estamos viviendo. Y en tercer lugar, porque estoy en una posición privilegiada. Mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia y es allí donde se escuchará el veredicto final.
Casi diría que afortunadamente carezco de futuro. Mi futuro es una celda. Lo fue desde que empezó este fantástico juicio y allí transcurrirá mi vida biológica, ya que la otra, la vida creadora, la vida de la inteligencia, la vida del alma, se la entregué voluntariamente a esta veleidosa y amada Nación.
Sólo de una cosa estoy seguro. De que cuando la crónica se vaya desvaneciendo, porque la historia se vaya haciendo más nítida, mis hijos y mis nietos pronunciarán con orgullo el apellido que les he dejado”.
Fuente: Pacificaciòn Nacional Definitiva...
Por La Verdad Històrica...Comentado y publicado por Miguel...
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