Diario CASTELLANOS de RAFAELA - EDITORIAL
Ni justicia
Miércoles 19 de junio de 2012 -11:06
Si hay un elemento que marque la parcialidad de los juicios incoados contra militares del Proceso, no es otro que el hecho que todos ellos deben ser condenados antes de ser juzgados, o que no existe la posibilidad que alguno pueda ser sobreseído. Pocos se animan a plantear esto, ni siquiera muchos altos jefes militares en retiro.
El procedimiento se repite una y otra vez. En caso de que el tribunal presente dudas sobre su decisión final, se monta una «movida» mediática.
Los representantes (dueños, tal vez) de los derechos humanos, comienzan con sus declaraciones y calificaciones sobre la marcha del proceso; sobre quienes declaran, si lo hacen a favor de los acusados; y marcan perfectamente el terreno, deslizando al pasar, la posibilidad de un juicio político para quien dicte, no ya justicia, sino una condena menor.
En Paraná, ciudad entrerriana a orillas del Uruguay, se sustancia un juicio contra Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior del proceso, y Naldo Miguel Dasso, ex jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues con asiento en Concordia entre 1975 y 1976 y, a la vez, jefe del Área de Defensa 225, en el que se investiga las desapariciones forzadas de Sixto Zalasar y Julio Alberto Solaga, y la privación ilegal de la libertad Juan José Durantini.
Las declaraciones de tres testigos de la defensa: Eduardo Caminal, un productor agropecuario ex presidente de la Sociedad Rural de Concordia; Roberto Julio Ildarraz consignatario de hacienda y propietario rural; y el abogado Jorge Aragón, un ex intendente de esa ciudad, han encrespado las aguas.
Para el Delegado de Derechos Humanos, profesor Rubén Bonelli, no cabe la defensa. Una carta firmada en su momento por los declarantes pidiendo el ascenso a general de Naldo Dasso (aunque también lo hicieron el obispo de Concordia, el gerente del Banco Comercial, el titular del Centro Industria y Comercio, Mauricio Furman en representación de la Unión Israelita, Manuel Cortina por el Rotary Club, y un miembro de la Cámara Junior) pasó a ser un elemento descalificador. Su prédica sobre la importancia de estos juicios es porque "así sale a la luz cuál fue el sector de la sociedad que apoyó y fue cómplice de los represores, cuál fue su conexión civil".
Si Bonelli pusiera tanta vehemencia en investigar al propio gobierno se encontraría con que forman parte de él, muchos que en su momento aplaudieron felices el 24 de marzo de 1976, o que colaboraron entregando a los propios.
Pero indudablemente lo que más indignó a Bonelli fueron las palabras de Ildarraz, es decir, que alguien planteara a viva voz lo que mucha gente se pregunta en silencio:
Muchos podrán estar en desacuerdo con la posición de Ildarraz, pero no ha hecho otra cosa que expresar su sentir. Pudo haber sido secuestrado en aquella época. Pudo no haber vuelto.
¿Por qué no puede opinar como le plazca? ¿Quién lo puede obligar a la cobardía hipócrita – en que incurrieron muchos – de desconocer «social y civilmente» al Teniente Coronel Naldo Miguel Dasso, en ese entonces jefe del regimiento de Concordia.
Cuando alguien pueda explicar por qué, asesinar militares o civiles y, también niños, no fue un delito de lesa humanidad y sí, si lo ha hecho la otra parte, tal vez esta situación resulte comprensible. Si hubiese un criterio de juzgar a todos, de una y otra parte, también.
(editorial@diariocastellanos.net)
Nota: Lo que está en negrita, no es del original
Ni justicia
Miércoles 19 de junio de 2012 -11:06
Si hay un elemento que marque la parcialidad de los juicios incoados contra militares del Proceso, no es otro que el hecho que todos ellos deben ser condenados antes de ser juzgados, o que no existe la posibilidad que alguno pueda ser sobreseído. Pocos se animan a plantear esto, ni siquiera muchos altos jefes militares en retiro.
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Los que están en actividad han trazado un espacio insalvable con sus jefes de otrora.
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El procedimiento se repite una y otra vez. En caso de que el tribunal presente dudas sobre su decisión final, se monta una «movida» mediática.
Los representantes (dueños, tal vez) de los derechos humanos, comienzan con sus declaraciones y calificaciones sobre la marcha del proceso; sobre quienes declaran, si lo hacen a favor de los acusados; y marcan perfectamente el terreno, deslizando al pasar, la posibilidad de un juicio político para quien dicte, no ya justicia, sino una condena menor.
En Paraná, ciudad entrerriana a orillas del Uruguay, se sustancia un juicio contra Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior del proceso, y Naldo Miguel Dasso, ex jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues con asiento en Concordia entre 1975 y 1976 y, a la vez, jefe del Área de Defensa 225, en el que se investiga las desapariciones forzadas de Sixto Zalasar y Julio Alberto Solaga, y la privación ilegal de la libertad Juan José Durantini.
Las declaraciones de tres testigos de la defensa: Eduardo Caminal, un productor agropecuario ex presidente de la Sociedad Rural de Concordia; Roberto Julio Ildarraz consignatario de hacienda y propietario rural; y el abogado Jorge Aragón, un ex intendente de esa ciudad, han encrespado las aguas.
Para el Delegado de Derechos Humanos, profesor Rubén Bonelli, no cabe la defensa. Una carta firmada en su momento por los declarantes pidiendo el ascenso a general de Naldo Dasso (aunque también lo hicieron el obispo de Concordia, el gerente del Banco Comercial, el titular del Centro Industria y Comercio, Mauricio Furman en representación de la Unión Israelita, Manuel Cortina por el Rotary Club, y un miembro de la Cámara Junior) pasó a ser un elemento descalificador. Su prédica sobre la importancia de estos juicios es porque "así sale a la luz cuál fue el sector de la sociedad que apoyó y fue cómplice de los represores, cuál fue su conexión civil".
Si Bonelli pusiera tanta vehemencia en investigar al propio gobierno se encontraría con que forman parte de él, muchos que en su momento aplaudieron felices el 24 de marzo de 1976, o que colaboraron entregando a los propios.
Pero indudablemente lo que más indignó a Bonelli fueron las palabras de Ildarraz, es decir, que alguien planteara a viva voz lo que mucha gente se pregunta en silencio:
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¿Por
qué juzgar a una sola parte? ¿Por qué no juzgar a los guerrilleros?
¿Por qué no reconocer que se vivía en un estado de guerra interna?
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Muchos podrán estar en desacuerdo con la posición de Ildarraz, pero no ha hecho otra cosa que expresar su sentir. Pudo haber sido secuestrado en aquella época. Pudo no haber vuelto.
¿Por qué no puede opinar como le plazca? ¿Quién lo puede obligar a la cobardía hipócrita – en que incurrieron muchos – de desconocer «social y civilmente» al Teniente Coronel Naldo Miguel Dasso, en ese entonces jefe del regimiento de Concordia.
Cuando alguien pueda explicar por qué, asesinar militares o civiles y, también niños, no fue un delito de lesa humanidad y sí, si lo ha hecho la otra parte, tal vez esta situación resulte comprensible. Si hubiese un criterio de juzgar a todos, de una y otra parte, también.
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Pero no lo es, cuando con una venganza se trata de disfrazar de justicia.
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(editorial@diariocastellanos.net)
Nota: Lo que está en negrita, no es del original
Gonzalo M.
lippra
Por la Verdad Histórica...Cmentado y publicado por Miguel...
http://porlamemoria-miguel.blogspot.com
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