(frase del gran General que con tu inteligencia sabrás adaptarla a los hèroes vivos y muertos que combatieron y siguen combatiendo contra un terrorismo hoy en el poder y aquellos que por conveniencia se unen al poder de turno para humillar a nuestra Patria)...
Lunes 19 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa
Militares retirados reclaman un trato judicial igualitario en las causas por la represión
Por Mariano De Vedia | LA NACION
Twitter: @mdv2011 |
Ver más fotos Aníbal Alberto Guevara Molina cumple prisión perpetua en el Complejo Penitenciario N° 2 San Felipe, de Mendoza. Foto: Gentileza: elsolonlineInvolucrado en denuncias por la detención de cuatro personas que luego fueron desaparecidas, el ex teniente Aníbal Alberto Guevara Molina cumple prisión perpetua en el Complejo Penitenciario N° 2 San Felipe, de Mendoza. La acusación es similar a la que implica al actual jefe del Ejército, teniente general César Milani, en el caso Ledo, en La Rioja. "Se cometen injusticias. Hay cadenas perpetuas sin argumentos sólidos. Impera la misma lógica que se le atribuían a los militares de los años 70: algo habrán hecho", advierte su hijo, Aníbal Guevara, de 30 años, molesto por la diversidad de criterios.
Lorena Belén Moore, de la misma edad, relata el caso de su padre, el capitán Adolfo Moore, condenado a 20 años de prisión en el penal de Ezeiza, a quien se le niega la detención domiciliaria, pese a los problemas de salud que padece: mal de Parkinson, hidrocefalia y cáncer de próstata.
Desde la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, en 2003, hay 1800 militares y civiles sometidos a procesos judiciales por acusaciones de delitos de lesa humanidad. Unos 1100 están procesados y casi 500 condenados, al margen de otros 237 que murieron encerrados. "En muchos casos, no se respeta la legalidad. Ni el debido proceso ni la irretroactividad de la ley penal", dice Lorena, que ejerce como abogada y reclama la aplicación de la misma ley para todos.
En ese contexto, un conjunto de militares retirados, que eran jóvenes oficiales en ese tiempo, analizan publicar una solicitada el próximo 25 de Mayo, para hacer un llamado a la reflexión y al reencuentro, y pedir que "la visión parcializada de los hechos no promuevan nuevos odios en las generaciones que nos sucedan", explica uno de sus impulsores, el coronel retirado Carlos Enrique Alsina.
El pronunciamiento reclama, incluso, un pedido de perdón y una autocrítica de la dirigencia política y militar que gobernó el país y las instituciones entre 1973 y 1983. Esta visión no es compartida entre los retirados por la oficialidad superior, según pudo advertir LA NACION. Muchos de ellos -generales retirados- perciben la iniciativa como una admisión de responsabilidad, que podría incriminarlos en los juicios que aún se sustancian.
"Más allá de que la dirigencia que gobernó de 1973 a 1983 debió evitar la desaparición de personas, la tragedia -política, social o bélica, según sea la óptica personal- debió ser explicada por los líderes de uno y otro lado que la produjeron", reza el texto de la solicitada.
La declaración advierte que la dirigencia "no ha afrontado su responsabilidad ante la tragedia" y "su silencio ha negado la verdad a la sociedad". Añade que adeuda un pedido de perdón, sin querer influir en ningún proceso judicial en trámite o ya concluido. Alsina sostiene que "la sociedad merece y se reclama un corte y empezar de nuevo".
Al margen de la solicitada, el reclamo de los jóvenes Guevara y Moore apunta a plantear las mismas condiciones para todos, mientras observan que, a pesar de enfrentarse a acusaciones comunes, Milani no enfrentó el proceso judicial con el mismo rigor que sus pares.
Al advertir sobre situaciones asimétricas, Guevara repara en que su padre, acusado de concretar detenciones -la misma imputación que se le hace a Milani en La Rioja y en Tucumán-, recibió la prisión perpetua, mientras que en el Juicio a las Juntas se le aplicaron penas de 17 años al general Roberto Viola y cuatro años al brigadier general Orlando Ramón Agosti, responsables de la represión. "Mi papá, como tantos otros subalternos, no podía tener ni tenía ninguna capacidad de mando. Todas las órdenes emanaban de sus jefes", sostiene Lorena.
"El día de la sentencia de mi padre, el presidente del tribunal reunió minutos antes a mí y a mis hermanos, y nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que esto era político y que en otras instancias se iba a resolver", señala Guevara. Y explica que de las cuatro acusaciones que recibió su padre por su actuación en San Rafael, la primera y la última corresponden a períodos en los que no estaba destinado en ese lugar..
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